EL PROGRESISMO
COMO
HIJO DEL ESCARMIENTO
“A diferencia de sus hijos, que despreciaban la
democracia burguesa y querían cambiar el sistema, ellos pensaban que la
dictadura que se había llevado a sus hijos era una aberración del sistema.
Supieron ver que solo conocerían la verdad sobre las desapariciones y
obtendrían justicia para sus víctimas si recuperaban ese sistema, esa
democracia tan vapuleada y despreciada por la generación de sus hijos”.
Santiago O’Donnell y Mariano Melamed,
Derechos Humanos. La historia del CELS
(Editorial Sudamericana)
Según los maestros del pensamiento crítico, la dialéctica de
la acción impone que cada avance / retroceso en la constante tensión social
entre los pueblos y las clases dominantes repercuta no sólo en la
infraestructura material de las sociedades en que se verifica, sino a su vez en
la superestructura ideológica; esto es, en el campo de las ideas, determinando
la prevalencia de lo que se da en llamar “un pensamiento de época”.
Desde hace más de una década, como en otros rincones del
planeta, el sistema capitalista dependiente restauró la gobernabilidad en
Argentina bajo la hegemonía de una pequeña burguesía radicalizada y portadora
de un discurso épico, dispuesta a dar respuesta a algunas urgencias sociales
acumuladas durante el período neoliberal desembozado, sin operar cambios sustanciales
ni sobre el esquema de dominación global ni sobre la pobreza estructural que
aún aqueja a millones de compatriotas. Los cambios en el escenario mundial que
acompañó dicho fenómeno (caída del valor de las
materias primas debido a la incertidumbre que genera la retracción de
la economía china, gran consumidora de materiales industriales, y el pánico de
los inversores por el derrumbe de las bolsas mundiales) permiten avizorar un fuerte reflujo conservador en la
región, pese a lo cual vale la pena seguir complejizando y profundizando el
análisis de las circunstancias que venimos de vivir, hasta ahora sostenidas por
una mayoría relativa como un “oasis redentor”.
En tal contexto cabría revisar la gravitación social que de
un tiempo a esta parte han adquirido algunos términos acríticamente asumidos
por la militancia kirchnerista y mecánicamente trasladados, mediante la caja de
resonancia del aparato mediático estatal, a algunas franjas sociales
constitutivas de la llamada opinión pública.
La democracia formal de baja intensidad que transitamos desde
la debacle de la última dictadura ya venía neutralizando la incomodidad de
ciertos términos, sustituyendo - por ejemplo - el de pobre por carenciado o
el de vejez por Tercera Edad, cuya resonancia academicista resta dramatismo a los
vocablos anteriores, definitivamente más interpeladores. Acaso uno de los mayores
retrocesos sufridos en el campo de la enunciación sea el que involucra al viejo
pero sobreentendido concepto de Justicia
Social acuñado por el ensayo de democracia de masas que campeó en la Patria
entre 1945 y 1955 por el de inclusión,
concepto que implica lisa y llanamente la apelación a un paliativo distante de
producir cambios de fondo en el terreno que alude.
Sin ir más lejos, la reforma constitucional producida durante
aquel período - y violentamente derogada por la restauración oligárquica en
1955 - supuso un significativo avance en materia de legislación social, no sólo
para nuestro país (estableciendo un
claro contraste con el estatuto vigente durante la llamada “Década Infame”)
sino ante el mundo entero:
El 3 de septiembre de
1948, el General Perón anunció al país la próxima reforma de la Constitución
Nacional. El 24 de enero de 1949 quedó constituida la Convención Reformadora,
presidida por el coronel Domingo Mercante. La oposición negó la validez del
cuerpo legislativo y se retiró de la Convención. Por lo tanto el 9 de marzo de
1949 se aprobaron sin descensos las reformas propuestas.
Los principales avances incorporados incluían los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una función social y el capital al servicio de la economía nacional. Mediante el artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes de energía exceptuando los vegetales. También los servicios públicos, cuya enajenación o concesión a particulares quedaba vedada. No estableció un monopolio rígido estatal sino que prohibió el lucro privado permitiendo sociedades mixtas o cooperativas. En el plano político permitía la reelección presidencial y constituía también a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de casación.
La Constitución de 1949 fue una reforma
realizada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). El constitucionalismo
social y la constitución del estado de bienestar que caracterizó al siglo XX
son procesos insolubles. Los derechos del trabajo se constituyeron así en el
eje central del estado de bienestar. Entre las normas económicas, se destacaban
las nociones de función social de la propiedad y economía social del mercado.
Entre las normas sociales, se destacaban las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social, y ancianidad.
Como se verá, aunque
sin prescribir el control obrero de la producción como lo hicieran por entonces
la Unión Soviética o la China de Mao, se avanzaba en el establecimiento de criterios
mucho más audaces que los emanados en los países centrales un año antes, al
cabo de la Segunda Guerra Mundial, bajo la denominación de Declaración Universal de los Derechos Humanos: La mayoría de sus
artículos - lo que resulta más evidente del
3 al 11 - involucran derechos de
carácter personal, como la prohibición de la esclavitud y la tortura, o el
establecimiento de la presunción de inocencia. Pero lo fundamental consiste en
que en dicho estatuto - en consonancia con la ideología de las democracias más
desarrolladas de Occidente - el sujeto
de derecho es el individuo y no la comunidad.
Sin embargo, a causa
de la violación del Estado de Derecho producida en nuestro país durante el
último gobierno de facto, el movimiento constituido por los familiares de los
represaliados por el régimen, predominantemente de extracción social pequeño
burguesa, al ver suprimidas todas las garantías constitucionales en el
territorio nacional apeló a los foros internacionales para ejercer su reclamo
amparándose en la mencionada declaración. A partir de entonces el concepto de Derechos Humanos comenzó a prevalecer
sobre el de Derechos Sociales,
abarcativo de lo anterior pero satanizado por la cultura del escarmiento
instaurada tras el genocidio.
Así llegamos hasta
2003, cuando peligrando la gobernabilidad del sistema emerge una dirigencia
política que asume el presupuesto considerado hasta aquí como política de
Estado, consecuentemente con su composición de clase media escarmentada de la
última experiencia de transformación social intentada hasta la primera mitad de
los 70s.
El proceso que se
inaugura en consecuencia, profundizando el despojo de sentidos conquistados
durante períodos de intensa lucha social, sustituye el valor de cambio social
otrora consagrado por el concepto de revolucionario
para moderarlo mediante el inofensivo término de progresista.
En conclusión, la capacidad subversiva de las palabras
aumenta o decrece en relación al predominio de la fuerza social que las empuña.
Paradojalmente, al progresismo le ha venido tocando ser el
rostro más flamante de un nuevo estatuto del coloniaje, cuyo sustento consistió
en apelar a una argumentación supuestamente sensata para encubrir el mega
despojo en curso.
Huelga pues al campo
popular recuperar no sólo conquistas trabajosamente obtenidas durante el siglo
XX, sino algunas más que significativas del pasado reciente. Durante el
Argentinazo de 2001, por ejemplo, se avanzó significativamente sobre el estatalismo proveedor justicialista
que alguna vez recomendó al obrero ir “del trabajo a casa y de casa al
trabajo”, ensayando valiosas experiencias de autogobierno popular como lo
fueron las Asambleas Barriales, el Club del Trueque, o el Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas.
Es de esperar que el
nuevo ciclo de luchas que habrá de inaugurar la mega devaluación en ciernes
restituya la materialidad de las conquistas de avanzada y la terminología que
las nombra en el sitio que nuestro pueblo precisa y merece. La taba está en el
aire. Ante la flagrante crisis de representación mayoritaria de la Nación, todo
parecería indicar que sin una Nueva Alianza Constituyente capaz de pactar la
Unidad Nacional con Justicia Social l@s argentin@s volveremos a vivir jornadas
de zozobra. Pero a estas horas nada hace prever que algo semejante sea posible
sin rebelión.-
JORGE FALCONE
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