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Acaso hallen algo interesante en él quienes mantienen un compromiso de vida con la justicia y con la belleza.

martes, 1 de diciembre de 2015

De los Derechos Sociales a los Derechos Humanos

EL PROGRESISMO 
COMO HIJO DEL ESCARMIENTO


“A diferencia de sus hijos, que despreciaban la democracia burguesa y querían cambiar el sistema, ellos pensaban que la dictadura que se había llevado a sus hijos era una aberración del sistema. Supieron ver que solo conocerían la verdad sobre las desapariciones y obtendrían justicia para sus víctimas si recuperaban ese sistema, esa democracia tan vapuleada y despreciada por la generación de sus hijos”. 

Santiago O’Donnell y Mariano Melamed,
Derechos Humanos. La historia del CELS (Editorial Sudamericana)

Según los maestros del pensamiento crítico, la dialéctica de la acción impone que cada avance / retroceso en la constante tensión social entre los pueblos y las clases dominantes repercuta no sólo en la infraestructura material de las sociedades en que se verifica, sino a su vez en la superestructura ideológica; esto es, en el campo de las ideas, determinando la prevalencia de lo que se da en llamar “un pensamiento de época”.

Desde hace más de una década, como en otros rincones del planeta, el sistema capitalista dependiente restauró la gobernabilidad en Argentina bajo la hegemonía de una pequeña burguesía radicalizada y portadora de un discurso épico, dispuesta a dar respuesta a algunas urgencias sociales acumuladas durante el período neoliberal desembozado, sin operar cambios sustanciales ni sobre el esquema de dominación global ni sobre la pobreza estructural que aún aqueja a millones de compatriotas. Los cambios en el escenario mundial que acompañó dicho fenómeno (caída del valor de las materias primas debido a la incertidumbre que genera la retracción de la economía china, gran consumidora de materiales industriales, y el pánico de los inversores por el derrumbe de las bolsas mundiales) permiten avizorar un fuerte reflujo conservador en la región, pese a lo cual vale la pena seguir complejizando y profundizando el análisis de las circunstancias que venimos de vivir, hasta ahora sostenidas por una mayoría relativa como un “oasis redentor”.

En tal contexto cabría revisar la gravitación social que de un tiempo a esta parte han adquirido algunos términos acríticamente asumidos por la militancia kirchnerista y mecánicamente trasladados, mediante la caja de resonancia del aparato mediático estatal, a algunas franjas sociales constitutivas de la llamada opinión pública.

La democracia formal de baja intensidad que transitamos desde la debacle de la última dictadura ya venía neutralizando la incomodidad de ciertos términos, sustituyendo - por ejemplo - el de pobre por carenciado o el de vejez por Tercera Edad, cuya resonancia academicista resta dramatismo a los vocablos anteriores, definitivamente más interpeladores. Acaso uno de los mayores retrocesos sufridos en el campo de la enunciación sea el que involucra al viejo pero sobreentendido concepto de Justicia Social acuñado por el ensayo de democracia de masas que campeó en la Patria entre 1945 y 1955 por el de inclusión, concepto que implica lisa y llanamente la apelación a un paliativo distante de producir cambios de fondo en el terreno que alude.

Sin ir más lejos, la reforma constitucional producida durante aquel período - y violentamente derogada por la restauración oligárquica en 1955 - supuso un significativo avance en materia de legislación social, no sólo para nuestro país  (estableciendo un claro contraste con el estatuto vigente durante la llamada “Década Infame”) sino ante el mundo entero:

El 3 de septiembre de 1948, el General Perón anunció al país la próxima reforma de la Constitución Nacional. El 24 de enero de 1949 quedó constituida la Convención Reformadora, presidida por el coronel Domingo Mercante. La oposición negó la validez del cuerpo legislativo y se retiró de la Convención. Por lo tanto el 9 de marzo de 1949 se aprobaron sin descensos las reformas propuestas.

Los principales avances incorporados incluían los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una función social y el capital al servicio de la economía nacional. Mediante el artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes de energía exceptuando los vegetales. También los servicios públicos, cuya enajenación o concesión a particulares quedaba vedada. No estableció un monopolio rígido estatal sino que prohibió el lucro privado permitiendo sociedades mixtas o cooperativas. En el plano político permitía la reelección presidencial y constituía también a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de casación.

La Constitución de 1949 fue una reforma realizada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). El constitucionalismo social y la constitución del estado de bienestar que caracterizó al siglo XX son procesos insolubles. Los derechos del trabajo se constituyeron así en el eje central del estado de bienestar. Entre las normas económicas, se destacaban las nociones de función social de la propiedad y economía social del mercado. Entre las normas sociales, se destacaban las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social, y ancianidad.

Como se verá, aunque sin prescribir el control obrero de la producción como lo hicieran por entonces la Unión Soviética o la China de Mao, se avanzaba en el establecimiento de criterios mucho más audaces que los emanados en los países centrales un año antes, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, bajo la denominación de Declaración Universal de los Derechos Humanos: La mayoría de sus artículos - lo que resulta más  evidente del 3 al 11 - involucran derechos de carácter personal, como la prohibición de la esclavitud y la tortura, o el establecimiento de la presunción de inocencia. Pero lo fundamental consiste en que en dicho estatuto - en consonancia con la ideología de las democracias más desarrolladas de Occidente - el sujeto de derecho es el individuo y no la comunidad.

Sin embargo, a causa de la violación del Estado de Derecho producida en nuestro país durante el último gobierno de facto, el movimiento constituido por los familiares de los represaliados por el régimen, predominantemente de extracción social pequeño burguesa, al ver suprimidas todas las garantías constitucionales en el territorio nacional apeló a los foros internacionales para ejercer su reclamo amparándose en la mencionada declaración. A partir de entonces el concepto de Derechos Humanos comenzó a prevalecer sobre el de Derechos Sociales, abarcativo de lo anterior pero satanizado por la cultura del escarmiento instaurada tras el genocidio.

Así llegamos hasta 2003, cuando peligrando la gobernabilidad del sistema emerge una dirigencia política que asume el presupuesto considerado hasta aquí como política de Estado, consecuentemente con su composición de clase media escarmentada de la última experiencia de transformación social intentada hasta la primera mitad de los 70s.

El proceso que se inaugura en consecuencia, profundizando el despojo de sentidos conquistados durante períodos de intensa lucha social, sustituye el valor de cambio social otrora consagrado por el concepto de revolucionario para moderarlo mediante el inofensivo término de progresista.

En conclusión, la capacidad subversiva de las palabras aumenta o decrece en relación al predominio de la fuerza social que las empuña.

Paradojalmente, al progresismo le ha venido tocando ser el rostro más flamante de un nuevo estatuto del coloniaje, cuyo sustento consistió en apelar a una argumentación supuestamente sensata para encubrir el mega despojo en curso.

Huelga pues al campo popular recuperar no sólo conquistas trabajosamente obtenidas durante el siglo XX, sino algunas más que significativas del pasado reciente. Durante el Argentinazo de 2001, por ejemplo, se avanzó significativamente  sobre el estatalismo proveedor justicialista que alguna vez recomendó al obrero ir “del trabajo a casa y de casa al trabajo”, ensayando valiosas experiencias de autogobierno popular como lo fueron las Asambleas Barriales, el Club del Trueque, o el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

Es de esperar que el nuevo ciclo de luchas que habrá de inaugurar la mega devaluación en ciernes restituya la materialidad de las conquistas de avanzada y la terminología que las nombra en el sitio que nuestro pueblo precisa y merece. La taba está en el aire. Ante la flagrante crisis de representación mayoritaria de la Nación, todo parecería indicar que sin una Nueva Alianza Constituyente capaz de pactar la Unidad Nacional con Justicia Social l@s argentin@s volveremos a vivir jornadas de zozobra. Pero a estas horas nada hace prever que algo semejante sea posible sin rebelión.-

JORGE FALCONE




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